Durante los últimos veinte años del siglo XX, no se presentaron reclamos sobre las Malvinas, pero las islas continuaron apareciendo en los mapas oficiales incluidas al territorio argentino.
En 1908 –en Argentina gobernaba José Figueroa Alcorta- Su Majestad Británica emitió una carta patente real a través de la cual establecía que eran dominio de la Corona las islas Georgias del Sur, las Orcadas del Sur, las Shetland del Sur, las Sandwich, el territorio de la Tierra de Graham (San Martín) y la Colonia de las Islas Falkland. La carta patente fue publicada en el periódico oficial de las Malvinas que se editaba en Puerto Stanley. Cuando el gobierno argentino tomó conocimiento de ese anuncio, no presentó ninguna protesta formal.
Durante el Centenario, reinaba en la Argentina un sentimiento de optimismo y prosperidad nacional, contexto apropiado para expresar públicamente los derechos argentinos sobre las islas.
Paul Groussac, director de la Biblioteca Nacional, sostuvo que los reclamos argentinos no eran tenidos en cuenta debido a que las argumentaciones expuestas estaban carentes de solidez, que les faltaba fundamentación histórica. Por eso, se encargó de recopilar y sistematizar manuscritos y publicaciones que se hallaban guardados en la Biblioteca y publicó hacia 1910 el libro “Les Iles Malouines”(Las Islas Malvinas), investigación que servirá de base a futuros reclamos.
A partir de la década del ’20, la controversia de Malvinas pasó por la cuestión de comunicaciones. Durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, el gobierno argentino rechazó correspondencia y también obstruyó comunicaciones telefónicas y telegráficas que iban o llegaban desde las Islas Malvinas. El gobierno de las islas respondió estableciendo un servicio regular de vapores con Montevideo.
Cuando Agustín P. Justo fue presidente, la Dirección de Correos confeccionó sellos postales en los que se veían las islas Malvinas integradas al territorio nacional. El gobierno británico no protestó formalmente. Representantes de los dos Estados se entrevistaron e intercambiaron pareceres y el delegado argentino afirmó que el país no abandonaría sus reclamos.
Por la época, el senador Alfredo Palacios, retomó el trabajo de Paul Groussac y dio un alegato en el Congreso argentino, sosteniendo el derecho de la Argentina a la soberanía de las Islas Malvinas. Presidió a partir de 1939 la Junta de Recuperación de Malvinas compuesta por hombres políticos y de la cultura. Por la acción de esta Junta se confeccionaron mapas de las islas con la toponimia argentina, se editó la Marcha de las Malvinas, se impuso el nombre de las islas a muchas escuelas, calles, bibliotecas; es decir, se llevó a cabo un trabajo de instalación social de la temática.
En 1948, en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, se creó un departamento encargado de realizar un seguimiento de los reclamos argentinos sobre las islas Malvinas.
En el contexto del proceso de descolonización iniciado por la Organización de Naciones Unidas, Gran Bretaña inscribió a las islas Falkland como territorio no autogobernado.
Hacia fines de 1950, el Congreso de la Nación Argentina declaró formalmente que las Malvinas eran una posesión argentina.
En la décima Conferencia Interamericana reunida en Caracas en 1954, los asistentes resolvieron declarar la voluntad de los pueblos de América para que sea eliminado el coloniaje en el continente.
En mayo de 1955, el gobierno Británico inició ante la Corte Internacional de Justicia un reclamo contra Argentina relativo a los derechos de soberanía sobre las dependencias de las Islas Malvinas, en especial las Georgias del Sur, Sandwich del Sur y lo que ellos denominan Territorio Antártico Británico. Solicitaba también que se instara al gobierno argentino para que cesara en sus reclamos sobre las islas.
A partir de 1964, la cuestión “Malvinas” se incluyó en el debate del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Transcurría la presidencia de Arturo Illia que se había comprometido a actualizar los reclamos de soberanía sobre las islas.
La Cancillería argentina invitó al Gobierno británico en septiembre de 1965, a iniciar negociaciones bilaterales para resolver el conflicto. El Reino Unido aceptó la propuesta, pero se negaba a tratar el tema de la soberanía de los territorios.
En diciembre de 1965, se aprobó la Resolución N° 2065 de las Naciones Unidas a través de la cual se instó al Reino Unido de Gran Bretaña y a la República Argentina para que inicien negociaciones y den una solución a la controversia por la soberanía de las islas.
En base a esa resolución y a partir de la continuación de las negociaciones entre las partes, ambos países llegaron a un acuerdo en 1971 – la Declaración de Buenos Aires- por el cual se facilitaba la integración física de las Islas Malvinas y el territorio continental argentino para facilitar las comunicaciones, transportes, comercio, educación.
El tratamiento del tema Malvinas continuó en el ámbito de Naciones Unidas que dicto la Resolución N° 3160 en 1973, por la que se reconocían los esfuerzos realizados y se proponía a los Estados afectados la continuidad de las negociaciones.
Entre 1975 y 1976 se produjeron algunos incidentes que modificaron estas amistosas relaciones entre ambos países. Uno de los hechos conflictivos fue la decisión del gobierno británico de realizar prospecciones en las aguas de Malvinas para determinar si había petróleo. La Cancillería argentina expresó que no reconocía a los británicos ni a otro gobierno extranjero, derechos de exploración o explotación de recursos naturales. El embajador del Reino Unido en la Argentina informó al gobierno argentino que, ante cualquier ataque a las islas, el gobierno británico respondería con la fuerza militar. Estos intercambios tensaron las relaciones.
El gobierno de facto instalado en Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, decidió continuar las negociaciones con los británicos, situación que fue correspondida por el gobierno laborista británico.
Ese año, el gobierno argentino propuso al gobierno británico un progresivo traspaso de soberanía de las islas, existiendo primero una administración conjunta que durara ocho años, para llegar luego al traspaso definitivo a manos de la República Argentina de la conducción de las Islas Malvinas. Los británicos aportaron ideas de cooperación entre el continente y la zona insular del Atlántico sur, a efectos de lograr una mejor explotación de los recursos ictícolas y de los hidrocarburos.
Entre 1977 y 1981, británicos y argentinos continuaron negociaciones sobre las islas. Los primeros poniendo el acento en la cooperación económica y, los segundos, enfatizando el tema de la soberanía. Llegado 1982, las tratativas se estancaban debido a la intransigencia de ambas partes.
Uno de los hechos salientes del siglo XX fue el reconocimiento de la soberanía británica sobre las islas, en 1908. Lo invitamos a leer el texto.