Después de la Guerra

Finalizada la guerra, la actividad diplomática decreció debido a la situación interna que vivenciaban ambos países: elecciones en Gran Bretaña y también en Argentina. En este último caso, se trataba además de la restauración de la democracia luego de ocho años de dictadura cívico-militar. Entre las pocas decisiones tomadas por entonces, se encontraba el levantamiento de la sanciones financieras; la restauración del comercio con la Comunidad Económica Europea (CEE); la creación en Gran Bretaña de un departamento llamado el Falkland Island Department, que trataría exclusivamente el tema de las islas. A fines de 1982, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la Resolución 37/9 instó a las partes a reanudar conversaciones.

Durante el discurso de asunción del presidente constitucional Raúl Alfonsín ante el Congreso de Nación Argentina, expresó que era un objetivo indeclinable la recuperación  de las islas y la afirmación del derecho de la nación a su integridad territorial soberana incorporando los territorios insulares en manos británicas. El gobierno radical trató de colocar la cuestión de Malvinas en la discusión de diferentes foros internacionales como la Organización de Estados Americanos, el Movimiento de Países No Alineados y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este último organismo alentó el acercamiento entre las partes a través de diversas resoluciones –39/6, de 1984; 40/21, de 1985; 41/40, de 1986; 42/19, de 1987; 43/25, de 1988-.

En 1986, el Reino Unido estableció en un radio de 150 millas alrededor del estrecho de San Carlos, la llamada Zona de Conservación y Administración Pesquera. Serían los malvineros quienes ejercerían el control de la pesca y extendieran licencias para la realización de esta actividad. Esta medida generó las protestas del gobierno argentino que fueron una vez desatendidas. Paralelamente, representantes de instituciones académicas y empresarios británicos y argentinos dialogaban informalmente tratando de abrir camino a la negociaciones entre ambos Estados.

Con la asunción de Carlos Menem a la presidencia argentina en 1989, se produjo un cambio en la política exterior. Se privilegiaron las vinculaciones con Estados Unidos, la Comunidad Europea y Gran Bretaña, ya que el presidente las consideraba una clave para la reinserción exitosa de Argentina en el mundo. Se llegó así a la declaración conjunta de Madrid en febrero de 1990, iniciándose un período de distensión de las relaciones entre ambos países. Se establecía que “nada que se haga o se negocie irá en contra de las posturas y derechos que cada país tenía en el momento de su establecimiento”. 

Los intereses del gobierno británico en torno de las islas pasaban por la extracción de petróleo. En consecuencia, habilitaron a los kelpers a extender licencias de exploración petrolera. Argentina rechazó esta actitud y logró la conformación de un grupo de Alto Nivel para discutir la cuestión petrolera.

El Congreso Nacional sancionó la Ley 23.968 por la cual se estableció el Mar Territorial (MT), la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la Plataforma Continental (PC), conforme a la Convención Internacional de los Derechos del Mar. Quedaban dentro de la jurisdicción argentina las islas Sándwich del Sur, Malvinas, Georgias del Sur y sus jurisdicciones marítimas.

El grupo de Alto Nivel para la cooperación sobre petróleo continuó en conversaciones. Los isleños llamaron a licitación a mediados de 1992, para la realización de estudios sísmicos y petroleros.

En noviembre de 1993, los kelpers presentaron ante el gobierno británico una propuesta de independencia considerando las posibilidades de autosustentación que les brindaba la pesca y el petróleo. Planteaban que se incorporarían al Reino Unido como territorio asociado. El canciller argentino Di Tella, desarrolló una política de seducción de los kelpers que consistió en considerar a éstos como parte de las gestiones diplomáticas por sobre la soberanía de las islas.

Los kelpers sostenían que el petróleo era de las Falkland. Por eso, cuando en 1994 el gobierno argentino avanzó en un proyecto de exploración petrolera conjunta entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la British Gas, los isleños se opusieron y llamaron unilateralmente a licitación para la realización de esas tareas, amenazando buscar acuerdos con otros países de la zona. Argentina denunció este atropello ante las Naciones Unidas y los cancilleres de dos países continuaron conversaciones y llegaron a la firma de una declaración conjunta el 27 de septiembre de 1995. Se estableció que:

- se reafirmaba el paraguas de la soberanía,

- el acuerdo no se aplicaba a las islas Georgias y Sándwich del Sur,

- se cooperaría en la prospección y eventual explotación conjunta de hidrocarburos,    

- se creaba una Comisión Conjunta de hidrocarburos para resolver la cuestión petrolera. 

Por primera vez, luego de la guerra de Malvinas, un presidente argentino visitó oficialmente el Reino Unido. La visita, apuró la firma de un nuevo acuerdo. La Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999, mantuvo la fórmula del "paraguas" diplomático sobre la soberanía de las Malvinas y se logró además, la reanudación de servicios aéreos civiles regulares directos entre Chile y las Islas Malvinas operados por Lan Chile u otra aerolínea que acordaron las partes –estos servicios incluían escalas en el territorio continental argentino-; los ciudadanos argentinos podrían visitar las Islas Malvinas y se construiría un cementerio argentino y un monumento en memoria de los argentinos caídos en la guerra.

Durante el gobierno de Fernando de la Rúa se impulsó la reanudación de las negociaciones sobre la soberanía de las islas, en el ámbito de las Naciones Unidas donde no se trataba la cuestión desde 1989; se alejó de la política de “seducción a los kelpers”, iniciada por el canciller Di Tella, durante la presidencia de Menem. Fundaba esta decisión en los pocos o nulos resultados obtenidos a partir de esa estrategia y en considerar a las Naciones Unidas como el único foro que puede servir como instrumento de presión frente a Gran Bretaña.

En 2002, el presidente Duhalde expresó que defendería la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y que la recuperación de las islas, llegaría de la mano del derecho internacional. En medio de la delicada crisis económica por la que atravesaba el país, la cuestión de las Malvinas no fue una de las prioridades del gobierno.

En tiempos de Néstor Kirchner, el presidente planteó que la recuperación de las islas era un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino que debía concretarse respetando los derechos de los habitantes de las islas y en el marco del derecho internacional.

La Cancillería argentina pidió la implementación inmediata de las resoluciones de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que instan a reiniciar las negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica, justa y duradera en la controversia sobre el domino de esos territorios.

El presidente argentino y el primer ministro británico, Tony Blair, se reunieron en Londres el 13 de julio de 2003 y conversaron acerca de la soberanía de las islas Malvinas o Falklands. Kirchner aprovechó la ocasión para comentar su preocupación por los permisos de pesca que el Reino Unido otorgó en las islas del Atlántico Sur.

En 2003, el canciller argentino Bielsa, en su discurso ante la ONU, incorporó el tema Malvinas y descartó la posibilidad de que los habitantes de las islas tomaran parte en las negociaciones. Aclaró que el gobierno de Néstor Kirchner no se oponía a cooperar con el Reino Unido, pero siempre teniendo como eje de las conversaciones el tema de la soberanía.

Cristina Fernández de Kirchner, se pronunció a favor de recuperar, por medios pacíficos, la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circundante.

Se reiteraron ante los organismos internacionales, el pedido de las múltiples resoluciones que instan al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía.

Al mismo tiempo, el Gobierno argentino reafirma el respeto por el modo de vida de los isleños garantizado en la Constitución Nacional y el compromiso argentino con la consideración de sus intereses, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. Se ha protestado por los actos unilaterales británicos en el área disputada. En tal sentido y debido a la demora de puesta en marcha de los acuerdos sobre exploración y explotación de hidrocarburos en la zona, llevó al canciller Taiana a dar por terminado los acuerdos de cooperación. El canciller expresó que esta decisión puso fin a un instrumento con el cual el Reino Unido pretendió justificar su ilegítimo y reiterado accionar unilateral explorando áreas de la plataforma continental argentina con el propósito de explotar recursos que pertenecen a los argentinos.

También se expresó ante Londres una protesta formal al conocerse la aprobación de una nueva Constitución para las islas Falklands o Malvinas, firmada el miércoles 5 de noviembre de 2008, por la reina Isabel II. La Constitución formalizó un sistema de autogobierno en el archipiélago del Atlántico Sur, dejándole a Londres la última palabra en asuntos de política externa, seguridad y administración de justicia. El canciller Taiana planteó que esta situación no hace más que perpetuar una anacrónica situación colonial y que la Argentina no reconoce a ningún supuesto gobierno de las Islas Malvinas, ni a sus representantes, ni a sus símbolos ni emblemas.

La cuestión de la soberanía sobre las islas, tema central de la disputa, no ha podido ser tratado aún -desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas- producto de la renuencia del Reino Unido a incluirlo en las negociaciones, a pesar de los múltiples llamamientos de la comunidad internacional en favor de una solución pacífica y definitiva de la disputa.

Compartimos los textos de algunas resoluciones de las Naciones Unidas acerca del caso Malvinas.